Hace pocos días se hacía oficial la decisión del Gobierno de eximir la compra de medicamentos contra el coronavirus Covid-19, para los que exista una necesidad médica no cubierta, de las reglas que contempla la Ley de Contratos del Sector Público. Una medida que la sanidad privada celebra, pues servirá para agilizar la burocracia en favor de los pacientes, que podrán acceder a estos tratamientos. Por su parte, la industria farmacéutica es cautelosa, pues cree que en la norma hay cuestiones que no se concretan, como la forma de realizar las compras; y el sector de la tecnología sanitaria lo aplaude, pero pide procesos "transparentes". 

La norma se publicó la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se trata de una medida específica y temporal (estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022) que se pone en marcha ante una situación "excepcional". Con ella, se consigue poner lo antes posible estos medicamentos en el mercado y se evita el retraso en el acceso a los tratamientos.

"Es una buenísima noticia para nuestros pacientes y para el sistema sanitario", explica a Redacción Médica el presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), Juan Abarca, quien destaca el "esfuerzo" de poner en marcha esta ley "para intentar solucionar determinados problemas de orden jurídico que claramente suponían una pérdida de oportunidad para los pacientes covid".