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Contratación Pública

Detalles Generales de la Resolución

• Fecha de Resolución: 7 de marzo de 2025
• Expediente: CSE/AH02/1101324263/23/AMPA
• Objeto: Contratación del servicio de hemodiálisis ambulatoria en centros autorizados por el CatSalut, repartidos por toda Cataluña
• Recurso: Recursos especiales en materia de contratación N-2025-0060, N-2025-0065 y N-2025-0066
• Organismo de Contratación: Servei Català de la Salut (CatSalut)
• Tribunal: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
• Comunidad Autónoma: Cataluña
• Importe de Licitación: 322.716.000 € (IVA incluido)

Resumen Ampliado de la Resolución

1. Antecedentes

Tres entidades (FEDIÀLISI, ACES y B. Braun Avitum) interponen recurso contra los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que rigen la licitación del servicio de hemodiálisis ambulatoria del CatSalut. Alegan diversas vulneraciones de la normativa de contratación pública.

2. Motivos de los Recursos y Valoración del Tribunal

Motivos estimados (anulación parcial de cláusulas):

• Duración del contrato:
  • El contrato establecía una duración inicial de 8 años (4+4), lo cual supera los límites permitidos por el art. 29.4 LCSP si no hay justificación suficiente.
  • El Tribunal declara la nulidad de la cláusula correspondiente por falta de motivación suficiente que justifique ese plazo ampliado.
• Plazo de pago:
  • El PCAP preveía un plazo de pago que no se justifica ni motiva según los parámetros de la Directiva 2011/7/UE sobre lucha contra la morosidad.
  • Se anula el apartado E del PCAP.
• Condiciones especiales de ejecución:
  • Se requería disponer de ciertas certificaciones de calidad (ISO 9000, ISO 14001, etc.), pero el Tribunal señala que no están claramente vinculadas al objeto del contrato, vulnerando el art. 202 LCSP.
  • Se anula también la exigencia de tener una ratio específica de calidad.
• Régimen de penalidades:
  • El PCAP calificaba como "falta muy grave" cualquier incumplimiento de condiciones especiales, lo cual el Tribunal considera desproporcionado y no conforme a derecho.
  • Se anula dicha calificación automática.
• Cumplimiento del ENS (Esquema Nacional de Seguridad):
  • Al tratarse de un contrato con gestión de datos sanitarios sensibles, el Tribunal exige que se detalle cómo se acreditará el cumplimiento del ENS, lo cual no se había especificado en los pliegos.

Motivos desestimados:

• Capacidad y habilitación de los licitadores:
  Se ajusta a derecho; no se ha vulnerado el principio de libre concurrencia.
• Criterios de adjudicación (ponderación del precio al 43%):
  No se considera excesivo ni desequilibrado respecto a los criterios cualitativos.
• Subrogación de personal:
  Se respeta lo previsto en el artículo 130 de la LCSP. El pliego simplemente reconoce obligaciones laborales previas.
• Otras cuestiones:
  • Inclusión del CPV.
  • Exigencia de grupo electrógeno.
  • Subcontratación de accesos vasculares.
    Todas se consideran técnicamente justificadas.

Conclusión del Tribunal

• Se estima parcialmente cada uno de los tres recursos interpuestos.
• Se declaran nulos varios apartados del PCAP, en especial los relativos al plazo de duración, pago, condiciones especiales, penalidades y cumplimiento del ENS.
• Se mantiene el resto de cláusulas, considerando que cumplen con la normativa.
• Se levanta la suspensión del procedimiento y se permite continuar con la licitación una vez adaptados los pliegos según la resolución.

Resumen de la Doctrina Utilizada en la Resolución 135/2025

El Tribunal se apoya en una doctrina consolidada sobre los principios rectores de la contratación pública, interpretando e integrando los preceptos de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), así como normativa europea aplicable. A continuación, se detallan los principales criterios doctrinales empleados:

1. Duración del contrato y justificación (art. 29.4 LCSP)

• El Tribunal recuerda que la duración de los contratos no puede superar los 5 años, salvo que exista una justificación técnica y económica suficiente.

• En ausencia de esta motivación, se vulnera el principio de buena administración y racionalidad del gasto público.

• Esta doctrina exige que la prórroga prevista no sea genérica ni automática, sino expresamente justificada en los pliegos.

2. Plazos de pago y Directiva 2011/7/UE

• Se reitera que los poderes adjudicadores deben respetar los plazos legales de pago (30 días), y cualquier excepción debe motivarse debidamente.

• La doctrina europea impide cláusulas que permitan plazos arbitrarios o extensos, pues pueden afectar a la competencia y la viabilidad de operadores económicos más pequeños.

3. Condiciones especiales de ejecución (art. 202 LCSP)

• Las cláusulas especiales (como la exigencia de certificados ISO o ratios de calidad) deben estar vinculadas al objeto del contrato y ser proporcionadas.

• El Tribunal establece que no se puede usar este tipo de exigencias como una barrera indirecta de acceso, salvo justificación técnica razonable.

• Esta doctrina protege la igualdad de trato y la libre concurrencia.

4. Régimen de penalidades (arts. 192-193 LCSP)

• No se pueden calificar automáticamente como "muy graves" todos los incumplimientos de condiciones especiales.

• La doctrina aplicable exige que las penalidades sean proporcionadas, graduadas y sujetas a interpretación legal razonable.

• Cualquier exceso puede considerarse una infracción del principio de seguridad jurídica.

5. Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

• En contratos que implican tratamiento de datos sensibles (como los sanitarios), el cumplimiento del ENS debe estar claramente detallado en los pliegos.

• No basta con una referencia genérica: la doctrina aplicada por el Tribunal requiere que se indique cómo se acreditará ese cumplimiento y en qué momento del procedimiento.

6. Libre competencia y principio de concurrencia

• A lo largo de toda la resolución, se reitera la necesidad de que las cláusulas contractuales respeten la libre concurrencia, evitando limitaciones injustificadas o discriminatorias.

• Se citan precedentes del propio Tribunal que anulan cláusulas técnicas o administrativas por introducir restricciones no justificadas o desproporcionadas.