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Resolución nº 54/2025 del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del País Vasco, de 28 de Marzo de 2025
11 Abril 2025
Resolución nº 181/2025 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta De Andalucía, de 28 de Marzo de 2025
05 Abril 2025
Resolución nº 360/2025 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de 12 de Marzo de 2025
04 Abril 2025
Resolución nº 418/2025 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de 20 de Marzo de 2025
05 Abril 2025
Resolución nº 460/2025 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de 27 de Marzo de 2025
05 Abril 2025
Resolución nº 360/2025 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de 12 de Marzo de 2025
La resolución 360/2025 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales aborda el recurso interpuesto por SERUNION, S.A.U., contra la adjudicación del contrato para el servicio de alimentación en el Centro de Acogida de Migrantes en El Prado, Mérida. El recurso se centra en la supuesta ilegalidad de las ofertas económicas presentadas por la adjudicataria y otras licitadoras, argumentando que se ofertaron precios de cero euros para ciertos servicios, lo que podría constituir un fraude de ley. La normativa principal aplicada incluye la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), y el Real Decreto 814/2015, que regula los procedimientos especiales de revisión en materia contractual. El tribunal, tras analizar los argumentos y la normativa aplicable, decide estimar parcialmente el recurso, ordenando la retroacción de actuaciones para una nueva valoración de las ofertas conforme a los pliegos, y levanta la suspensión del procedimiento de contratación.
El procedimiento de licitación fue convocado por TRAGSA el 9 de septiembre de 2024, con publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y el Diario Oficial de la Unión Europea. Se trataba de un procedimiento abierto para adjudicar el servicio de alimentación en el Centro de Acogida de Migrantes en El Prado, Mérida. Las ofertas fueron presentadas por varias empresas, siendo admitidas las de SERUNION, ALGIBE, LEONESA, MEDITERRÁNEA, y la UTE EL TEMPLO DE LOS ARROCES-PLATAFORMA FEMAR. Tras la apertura de las ofertas, la mesa de contratación propuso adjudicar el contrato a LEONESA CATERING Y SERVICIOS, S.L., decisión que fue formalizada el 7 de diciembre de 2024.
SERUNION interpuso un recurso especial en materia de contratación el 23 de diciembre de 2024, solicitando la nulidad del acuerdo de adjudicación y la retroacción de actuaciones. El recurso se basaba en la alegación de que las ofertas de LEONESA, la UTE TEMPLO-FEMAR, y ALGIBE presentaban precios de cero euros para ciertos servicios, lo que podría constituir un fraude de ley. El órgano de contratación remitió el expediente al tribunal, que mantuvo la suspensión automática del procedimiento de contratación.
SERUNION argumentó que las ofertas de LEONESA, la UTE TEMPLO-FEMAR, y ALGIBE eran ilegales por ofertar precios de cero euros para los servicios de media dieta y picnic, lo que desvirtuaba la competencia y la fórmula de valoración establecida en los pliegos. Alegó que estas ofertas no consideraban los costes específicos asociados a estos servicios, como envases y botellas de agua, y que la fórmula de valoración no podía aplicarse correctamente debido a la indeterminación matemática que generaban los precios cero. SERUNION citó el artículo 102 de la LCSP y resoluciones previas del tribunal para sostener que las ofertas a precio cero deberían ser consideradas anormalmente bajas y, por tanto, excluidas.
El órgano de contratación defendió la legalidad del acto impugnado, argumentando que las ofertas a precio cero eran válidas y no constituían fraude de ley, ya que el contrato consistía en una única prestación dividida en componentes. Citó la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y resoluciones del tribunal que permiten ofertas a precio cero, siempre que el precio total sea positivo y no se desvirtúe la fórmula de valoración. El órgano también señaló que las ofertas cuestionadas eran más económicas en conjunto que la de SERUNION, y que la adjudicación a una oferta más cara violaría los principios de eficacia y economía de la LCSP.
LEONESA solicitó la desestimación del recurso, defendiendo la legalidad de su oferta y argumentando que los costes de los servicios de media dieta y picnic estaban incluidos en el servicio de menú completo. La UTE TEMPLO-FEMAR y ALGIBE también presentaron alegaciones, defendiendo la validez de sus ofertas y señalando que el precio ofertado para los servicios cuestionados no era cero, sino 0,01 euros. Estas empresas argumentaron que sus ofertas cumplían con los requisitos de los pliegos y que la fórmula de valoración no se veía desvirtuada.
El tribunal decidió estimar parcialmente el recurso de SERUNION, concluyendo que, aunque las ofertas a precio cero no constituían fraude de ley, la fórmula de valoración no se había aplicado correctamente. El tribunal ordenó la retroacción de actuaciones para que se valoraran nuevamente las ofertas conforme a la fórmula definida en los pliegos, asegurando que se aplicara de manera proporcional y justa. Se levantó la suspensión del procedimiento de contratación, permitiendo que continuara el proceso con las correcciones necesarias.
El tribunal fundamentó su decisión en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en resoluciones previas que permiten ofertas a precio cero, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Sin embargo, destacó que la fórmula de valoración debía aplicarse correctamente para garantizar la igualdad de trato entre los licitadores y la transparencia del procedimiento.
La resolución del tribunal implica que el procedimiento de contratación debe retrotraerse para una nueva valoración de las ofertas, aplicando correctamente la fórmula de valoración establecida en los pliegos. Esto asegura que todas las ofertas sean evaluadas de manera justa y proporcional, respetando los principios de transparencia y competencia. Las partes afectadas deberán esperar a que se realice esta nueva valoración para conocer el resultado final del procedimiento de adjudicación.
Esta resolución refuerza la importancia de aplicar correctamente las fórmulas de valoración en los procedimientos de contratación pública, asegurando la transparencia y la igualdad de trato entre los licitadores. También confirma que las ofertas a precio cero son válidas, siempre que se cumplan ciertos requisitos y no se desvirtúe la fórmula de valoración. La decisión del tribunal sienta un precedente importante para futuros casos similares, destacando la necesidad de prever soluciones en los pliegos para evitar resultados indeterminados o negativos en la aplicación de fórmulas de valoración.
La legitimación en el contexto de la contratación pública se aborda en el artículo 48 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). La resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), en su Resolución 1415/2024, establece que solo aquellos licitadores que puedan obtener un beneficio concreto en caso de una eventual estimación del recurso tienen legitimación para impugnar un acuerdo de adjudicación. Este criterio se alinea con la Sentencia del Tribunal Supremo 317/2024, que subraya la necesidad de un interés legítimo, definido como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión.
El concepto de fraude de ley en ofertas económicas se examina bajo los artículos 44.1.a) y 44.2 c) de la LCSP. La Resolución 980/2024 del TACRC y la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 10 de septiembre de 2020 en el asunto C 367/19, establecen que no se puede rechazar automáticamente una oferta por el único motivo de que el precio propuesto sea de cero euros. La Resolución 1430/2024 del TACRC y la Sentencia del Tribunal Supremo n 968/2024 también abordan la cuestión, destacando que las ofertas a precio cero deben ser analizadas desde la perspectiva de las ofertas anormalmente bajas.
El artículo 69 de la Directiva 2014/24/UE y la jurisprudencia del TJUE en el asunto C 367/19, junto con la Resolución 1492/2023 del TACRC, permiten la presentación de ofertas a precio cero, siempre que se justifique su viabilidad y no se desvirtúe la competencia. En el caso analizado, el tribunal concluye que las ofertas a precio cero no constituyen fraude de ley, ya que el contrato se compone de una única prestación dividida en componentes.
El artículo 102 de la LCSP regula el precio del contrato público, permitiendo la discrecionalidad del órgano de contratación en la elaboración de los pliegos. La Resolución n 241/2018 del TACRC destaca la importancia de aplicar correctamente las fórmulas de valoración para garantizar la proporcionalidad. En este caso, el tribunal detecta deficiencias en la fórmula aplicada, lo que lleva a la anulación de la adjudicación y la retroacción de actuaciones.
El artículo 1 de la LCSP establece los principios de eficacia, economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos. El tribunal subraya que adjudicar el contrato a una oferta más cara vulneraría estos principios, justificando así la necesidad de revisar la adjudicación.
El artículo 57.3 de la LCSP permite la retroacción de actuaciones para corregir errores en el procedimiento de adjudicación. En este caso, el tribunal ordena la retroacción para aplicar correctamente la fórmula de valoración.
Los artículos 11.1.f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulan la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución del TACRC.
Conclusión Doctrinal
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