La oposición se rebela contra la norma por instaurar una "barra libre de morosidad a las constructoras", y derogará los artículos que perjudican a los proveedores.
Después de tumbar el decreto de la estiba, PSOE, Ciudadanos (Cs) y Podemos se unen contra la Ley de contratos del sector público. Las tres formaciones han sumado fuerzas, con enmiendas para evitar que la norma favorezca a las grandes empresas -sobre todo, constructoras- y les permita disparar los plazos en que pagan a sus proveedores.
A su juicio, el proyecto instaura "una barra libre de morosidad" a la medida de las grandes empresas, lo que va en perjuicio de los proveedores. Además, la oposición tumbará la posibilidad de ampliar sine die el tiempo de certificación de las Administraciones Publicas, otro de los puntos clave de la norma que ha elaborado el Ministerio de Hacienda.
Los socialistas, la formación morada, el grupo que preside Albert Rivera, el PNV, ERC y el PDeCAT han presentado enmiendas muy similares para tumbar el artículo 214.5 de la ley, que permite a los contratistas "pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago superiores" a los legales, siempre que dicho pacto "no constituya una cláusula abusiva" y que el pago se instrumente mediante un documento negociable que lleve aparejada la acción cambiaria, cuyos gastos de descuento o negociación corran en su integridad de cuenta del contratista.
El PSOE arguye que "debe derogarse expresamente" el artículo ya que "la posibilidad de pacto entre las partes produce una incertidumbre legal sobre el plazo de pago máximo aplicable a los suministradores y subcontratistas del contratista". Es decir, porque las grandes constructoras pueden usarlo para financiarse a costa de sus proveedores.
El PDeCAT añade un argumento adicional que resulta relevante: el plazo de pago "debe ser imperativo". Es decir, no cabe la posibilidad de "ser ampliado por acuerdo entre las partes", ya que la experiencia demuestra que ello sólo incrementa la morosidad.
Además de eliminar la posibilidad de acuerdo moroso entre los contratistas y los subcontratistas, Unidos Podemos, Cs y PSOE exigen que cuando el contratista incumpla los plazos de pago "el órgano de contratación abonará, con cargo al contratista principal, directamente al subcontratista o suministrador las cantidades que se le adeuden".
Todos ellos especifican en sus enmiendas que ese abono incluirá el importe satisfecho "y los correspondientes intereses de demora del precio del contrato". Hay que recordar que el tipo aplicable a estos intereses asciende, durante el primer semestre de 2017, a nada menos que el 8%.
El rechazo a que las empresas puedan pactar plazos de pago entre sí es total. Incluso UPN, socio electoral del PP, firma una enmienda para modificar el citado artículo 214.5, ya que "la lucha contra la morosidad requiere de un control efectivo de las obligaciones de pago".
Resulta llamativo que el Ministerio de Hacienda haya introducido tan polémico artículo en su Ley de contratos, ya que el propio Cristóbal Montoro, titular de esa cartera, ha defendido siempre que la lucha contra la morosidad comercial es uno de los grandes logros del Gobierno. No en vano, en la pasada legislatura se aprobaron planes de pago a proveedores por valor de casi 42.000 millones de euros.
Por último, hay que destacar el consenso en no permitir que las Administraciones Públicas puedan ampliar sine die el tiempo de certificación de los pagos. El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad -que defiende los intereses de más de un millón de empresas proveedoras-, Antoni Cañete, se congratuló de tal decisión de la oposición. Además, recalcó que "si se permite de nuevo el pacto entre las partes, se produciría una involución en los plazos de pago que podría significar la destrucción de puestos de trabajo y cierre de empresas". De hecho, el 40% de las quiebras de compañías se debe a la morosidad.