Puigdemont asume la ley estatal y evita un recurso del TC
En el choque institucional entre el Gobierno central y el Govern todavía queda espacio para el diálogo y los acuerdos, como el alcanzado recientemente entre las dos administraciones, en el marco de la comisión bilateral Generalitat-Estado, para evitar que el conflicto de competencias que existía por la contratación pública acabara en el Tribunal Constitucional.
El documento del acuerdo, con fecha del 21 de febrero, rubricado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y el conseller de Afers Institucionals, Raül Romeva, recoge el compromiso del Govern, “a fin de garantizar la adecuada articulación entre las competencias del Estado y la Generalitat”, a aplicar en Catalunya “la normativa básica estatal” que se está tramitando en el Congreso y no el proyecto de ley sobre la contratación en el sector público que está en curso en el Parlament.
El pacto, fruto de una negociación que arrancó el 26 de julio, remarca asimismo que la Generalitat debe promover “la adaptación de la legislación de desarrollo autonómica a dicha normativa básica estatal”, al tiempo que le “corresponde el desarrollo de la legislación básica de contratos públicos”.
Con esta aceptación de la futura ley Estatal, impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para incorporar al ordenamiento jurídico la normativa europea y evitar el “fraude, la corrupción y para reducir burocracia”, el Ejecutivo de Puigdemont logra esquivar el recurso ante el TC del decreto ley de la Generalitat, con fecha del 31 de mayo del 2016, de medidas urgentes en materia de contratación pública.
El de la función pública no es, empero, el único acuerdo alcanzado discretamente por el Gobierno y la Generalitat dentro de su farragoso litigio de competencias. En abril del 2016, pocos días después de la reunión que mantuvieron en Moncloa el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el president Puigdemont, los dos ejecutivos acordaron la solución de tres conflictos de intereses: sobre el Institut Català de Finances (ICF), sobre la simplificación administrativa de la Generalitat, y otro relativo a la protección de la infancia.
Unas medidas que en ese momento fueron destacadas por parte del PP como una señal de su voluntad de acuerdo y que, en cambio, el Ejecutivo soberanista reba-jó su valor político al calificarlas de “técnicas”.
Con todo, la batalla de competencias entre las dos administraciones en el Tribunal Constitucional siguen muy viva, con 26 recursos presentados por la Generalitat contra leyes y decretos del Estado que, entienden, invaden competencias autonómicas o son inconstitucionales, como la ley Educativa (Lomce) o la ley que garantiza la unidad de mercado. Mientras que el Ejecutivo del PP ha impugnado ante el Alto Tribunal 16 normas de la Generalitat, como la ley de pobreza energética.
En este contexto, el pasado mes de febrero el Constitucional le dio parcialmente la razón a la Generalitat en su recurso contra la convocatoria, por parte del Gobierno central, de subvenciones con cargo al IRPF para programas de interés general.
Subvenciones que, dijo el Alto Tribunal, deben gestionar las autonomías.