Noticia de Contratación

La Ley regula la contratación de las entidades y organismos públicos a fin de garantizar la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia de los procedimientos, la no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios exigiendo la definición previa de las necesidades a satisfacer, la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Pero, ¿será suficiente para frenar los galopantes casos de corrupción que sufrimos en España, y el evidente despilfarro e ineficiencia del gasto público, que implican endeudamiento y una mayor presión fiscal?

Según la Ley, como gran novedad, en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporcionara una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social.

Habrá que acreditar la necesidad e idoneidad del contrato y la eficiencia en la contratación, pues las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. La naturaleza y extensión de las necesidades que pretendan cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.

Las Administraciones velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los contratos, favorecerán la agilización de trámites, valorarán la incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de innovación como aspectos positivos, y promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la información.

Por fin se les exige que programen de antemano sin improvisación la actividad de contratación pública que van a desarrollar en cada ejercicio presupuestario o en períodos plurianuales, y que den a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa para conocimiento de la opinión pública y de todos los interesados.

El objeto de los contratos administrativos debe ser determinado, pero el mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretendan satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. Se definirán de este modo aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.

La contratación pública mueve un gran volumen de recursos económicos y genera muchos puestos de trabajo, pero supone cuantiosos trámites burocráticos y un gran esfuerzo de gestión y fiscalización con el sobrecoste añadido al presupuesto dedicado a ese gasto. Los numerosos órganos administrativos que actúan en torno a la contratación de la Administración: mesas de contratación, juntas consultivas, tribunales administrativos, intervención general, oficinas de control, agencias y observatorios, consejos consultivos, organismos de participación, oficinas antifraude, etc. deberán demostrar su utilidad con el menor coste posible, para cumplir eficazmente sus funciones sin duplicidad y/o superposición. Asimismo, los grandes “gurús de la contratación administrativa” tendrán una gran oportunidad para impartir doctrina, conferencias, cursos, publicar artículos y manuales, etc. durante una buena temporada.

Esperemos que esta Ley, cuando entre en vigor en 2018, se cumpla “de una vez por todas”, y no sea un obstáculo para efectuar buenos contratos de obras, servicios y suministros que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos al menor coste posible, pues dicen que “hecha la ley, hecha la trampa”.