Noticia de Contratación

Las Administraciones Públicas han aprovechado los últimos coletazos de la antigua ley de contratación del sector público para sacar a concurso numerosos contratos antes de que entrara en vigor la nueva norma, que incorpora criterios sociales con el objetivo de impedir que el precio continuara siendo el principal criterio a la hora de adjudicar un contrato público, como sucedía hasta ahora.

Según denuncia la Unión Sindical Obrera (USO), tan solo el día 8 de marzo, la jornada anterior a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, se registraron en la web de Contrataciones del Estado alrededor de 2.500 publicaciones de concursos públicos, «un incremento», señalan, «10 veces superior a la media de cualquier otro día».

Además, prosigue el sindicato, «durante el último mes las administraciones públicas han aprovechado para publicar numerosos e importantes concursos que en circunstancias normales tendrían que publicarse en meses posteriores». Entre ellos, por ejemplo, el del servicio de Vigilancia de la Administración General del Estado, por valor de más de 67 millones de euros.

Precisamente, este sector ha sido uno de los que más ha sufrido las consecuencias de la irrupción de empresas 'piratas', que han precarizado las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad. Para poder presentar las ofertas más económicas, estas compañías recortan los salarios de los empleados entre un 20% y un 30%, al aplicarles convenios propios que tienen condiciones inferiores a las del sector.

Para Basilio Alberto Febles, secretario general de la FTSP-USO, «este incremento en la publicación de concursos sólo obedece al maligno criterio de seguir aprovechando una ley obsoleta para continuar ahorrándose unos miles de euros, en detrimento de los derechos de los trabajadores mileuristas que son sometidos por las empresas a condiciones de trabajo y de salarios de auténtica miseria».

Desde el pasado 9 de marzo, los pliegos de condiciones de los concursos públicos deben exigir criterios sociales, medioambientales y una mejor relación calidad-precio en el momento de valorar las ofertas de las empresas. Por eso, desde USO exigen a las administraciones públicas el cumplimiento de la ley vigente para que haya una contratación pública socialmente responsable, en la que las empresas que ganen los concursos se comprometan a aplicar los convenios colectivos sectoriales, y en la que se incluyan cláusulas que permitan rescindir los contratos a las empresas que no cumplan con sus trabajadores en cuanto al pago de los salarios, o que incumplan los pliegos de condiciones o defrauden a Hacienda o a la Seguridad Social.

Asimismo, el sindicato recuerda que «las cuantías económicas que se puede ahorrar una Administración Pública al adjudicar los concursos a un precio inferior al del mercado, luego obliga a los ciudadanos a pagar vía impuestos el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), las defraudaciones a Hacienda y la Seguridad Social, el cierre de empresas...».