Noticia de Contratación

Esta norma, que entró en vigor el pasado marzo, fue debatida por el director de desarrollo corporativo Forética, Jaime Silos; el vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), Julio Sánchez Fierro; el secretario general de la Alianza por la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus; y con la moderación del presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE, Carlos González Bosch.

Además, y en una segunda mesa de ponentes con especialistas en diferentes sectores, participaron el director de Legal de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Pablo Crespo; la secretaria general de Farmaindustria y directora de su Departamento Jurídico, Lourdes Fraguas; el miembro de las comisiones de Operaciones y Recursos Humanos de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Mariano López de Ayala; el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, José María Toro; y la representante de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Vanesa Rodríguez Ayala.

Sentimientos contradictorios

Para Julio Sánchez Fierro, esta ley “genera sentimientos contradictorios”. Por un aparte, afirmó, es una norma “que hacía falta” porque el texto vigente hasta hace dos meses estaba “completamente desfasado”. “Nos ha producido una importante decepción. Tiene título de ley, pero es un contenido reglamentario”, criticó.

Posee 300 artículos, muchas disposiciones adicionales, por lo que “si se quería fomentar la agilidad, la transparencia, con una intrincada selva jurídica es complicado que se puedan conseguir todos estos objetivos”, prosiguió Sánchez Fierro. La parte positiva, expresó, es que constituye una modernización, con la utilización de las tecnologías, y que las consultas preliminares al mercado son “una innovación interesante”.

Sin embargo, posee otros aspectos “muy negativos”, continuó este abogado. Aunque celebró que se vayan a tener otros criterios distintos a los de los precios a la hora de adjudicar una contratación pública, cree que “se ha ido a lo fácil”. En los criterios sociales para adjudicar un contrato se contemplan, tras la puesta en marcha de esta ley, factores como el impacto medioambiental y la eficiencia energética, aunque en materia social “son escasos”, explicó.

En este punto, deberían haberse incorporado criterios sanitarios, a juicio de Sánchez Fierro. “No están ni se les espera”, prosiguió, tras lo que especificó que “hay un par de referencias, sobre la Mutualidad General de Funcionarios y sobre la compra centralizada”. “A uno sólo le queda la esperanza de que esto se pueda arreglar”, declaró.

Según detalló el representante de la AEDS, se podrían incorporar requisitos relacionados con la evaluación de la calidad asistencial, como las listas de espera, o la eficiencia en función de resultados en salud, no solamente la eficiencia económica, algo que por el momento no ve posible porque “haría falta base legal para el desarrollo normativo”. “Una solución un poco más ambiciosa sería la derogación de la ley”, aventuró.

Recomendaciones para una compra responsable

Precisamente en los criterios exigibles a quienes quieran acceder a las contrataciones públicas incidió Jaime Silos, al presentar la guía publicada por Forética sobre la integración de cláusulas sociales, ambientales y de ética, transparencia e innovación en la compra pública de productos y servicios vinculados al sector salud.

Esas son las cuatro vías sobre las que se desarrolla la guía, en la que se muestran recomendaciones a las empresas y organizaciones para llevar a cabo una “compra pública responsable”, prosiguió Silos. En ella se incluyen aspectos relacionados con los Derechos Humanos y laborales, seguridad medioambiental e inversión total en I+D. Una vez que se analizan estos indicadores, la guía ofrece explicaciones sobre cómo aplicarlos.

Los organismos contratadores deberían “velar por la sana competencia”, explicó Silos, además de ser “un foco de salvaguarda de las pymes”. También habría que tener en cuenta el “impacto local”, ya que no es lo mismo que la compradora sea la Administración General del Estado que un hospital, sostuvo. Además, la guía ofrece especificaciones sobre los medicamentos, dispositivos y productos sanitarios, servicios y obras.

Carlos Rus, por su parte, quiso dedicar su intervención al caso particular de la Comunidad Valenciana. Según explicó, en el lapso del tiempo en el que el Gobierno de España no llevó a cabo la transposición de la directiva comunitaria, esta región, junto a Aragón, puso en marcha su propia normativa, en la que no se permitía la participación en estos concursos públicos de las empresas con ánimo de lucro.

En Valencia, de hecho, ya ha habido una adjudicación por 160 millones de euros en la que el sector sanitario privado no pudo participar, según aseguró Rus. Ante esta situación de “discriminación”,  detalló cómo se habían reunido con partidos políticos -excepto Podemos-, y cómo habían solicitado al Defensor del Pueblo que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad porque la norma autonómica traspasaba competencias estatales. Esta figura institucional les comunicó que este recurso debía ser interpuesto por el Ejecutivo.

Contra la corrupción y por la transparencia

En cuanto a los representantes de distintos sectores especializados, destacaron también las luces y las sombras de esta nueva ley. Así, Lourdes Fraguas resaltó de esta norma, en nombre de Farmaindustria, que es “un instrumento de lucha contra la corrupción”, que servirá para “que no se dude de la imparcialidad del órgano de contratación”.

Pablo Crespo, por su parte, recordó las políticas “absolutamente economicistas” que se practicaban hasta ahora, “donde la calidad no importaba”. En comparación, la ley de nuevo cuño sale ganando y aporta “algo de esperanza”, según el miembro de Fenin, una organización desde la que se muestran “totalmente aliados” con la transparencia, aunque piden “cuidar los derechos de propiedad intelectual” en estos procesos de contratación.

Situaciones especiales

Mariano López de Ayala definió la Ley de Contratación Pública como “ley del botellón”, porque da “somnolencia y dolor de cabeza”. Se mostró “enormemente preocupado” porque esta norma “intenta forzar una realidad”, e hizo referencia a que “la calidad ha pasado a un segundo plano”. Destacó, eso sí, algunos aspectos positivos: que se establezcan criterios medioambientales y sobre las condiciones laborales. “El simple retraso en el pago de salarios” es suficiente, ahora, para significar un castigo hacia la empresa elegida para la contratación pública.

José María Toro, por su parte, expresó que “la directiva europea pretende dar respuesta a las necesidades de los servicios sociales”. Además, hizo referencia también a la norma desarrollada por la Comunidad Valenciana, comunidad en la que “se agarran a elementos que no son los que pretendía la directiva europea” al no querer dar la oportunidad de participar a las organizaciones con ánimo de lucro.

Por último, Vanesa Rodríguez Ayala describió la situación de las mutualidades en esta contratación pública. Así, recordó que, en 2007, estaban sometidas al régimen de constitución del Derecho Privado y, a partir de ese año, pasaron a formar parte de la Ley de Contratación Pública. Además, señaló que es necesario entender que no pueden regularse igual los contratos de medicamentos, de hospitales y de mutualidades. Como reto, indicó que “hay artículos que están diseñados totalmente para las Administraciones públicas”, aunque las mutuas también son “poderes adjudicadores”.