Noticia de Contratación

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, anunció esta semana que el Ejecutivo va a aprobar, además de una nueva ley de la Administración Pública, un decreto ley para mejorar los niveles de coordinación entre todas las administraciones y garantizar así una "gestión eficaz" de los fondos europeos que va a recibir España. Además, anunció la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y su régimen jurídico y de las leyes Presupuestaria y de Subvenciones.

Fuentes gubernamentales precisaron que la nueva Ley de la Administración Pública, ya prevista en el plan normativo del Gobierno, arrancará su tramitación antes del final de año, y que en el decreto ley anunciado por Calvo, lo que se incluirá será la modificación de las leyes cuya reforma se considera urgente para garantizar la correcta gestión de los fondos de la UE. La vicepresidenta explicó que se va a optar por un decreto ley porque estas reformas tienen que estar en vigor con urgencia, pero ha garantizado que después se tramitará como proyecto de ley en el Congreso para recoger las aportaciones de los grupos parlamentarios.

La ley que regula los contratos con la Administración llegó en marzo de 2018 con promesas de mayor transparencia, simplificación de los trámites y eliminación de las trabas burocráticas y administrativas. Sin embargo, la normativa, una complejísima trama de artículos, sigue sin convencer a los expertos y su objetivo estrella, favorecer a los pequeños licitadores, está muy lejos de cumplirse.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, nombre exacto de esta polémica legislación, es fruto de las exigencias europeas en materia de transparencia en la colaboración público privada. Sin embargo, los juristas han destacado en varias ocasiones que, tal y como se ha adaptado al ordenamiento español, ha generado varios efectos perversos derivados de su implantación.

Uno de los aspectos clave de la reforma es que permite que todas las empresas interesadas puedan acudir a la fase previa de los procedimientos de licitación y conocer de primera mano los pliegos que se negocian y, además, ser consultados sobre ellos. La novedosa medida -antes era la Administración la única que intervenía en esta fase- buscaba aumentar la trasparencia en los procesos. "A nadie se le escapa que, en los grandes procedimientos, las grandes empresas pueden concurrir con mayor solvencia. Conocen los asuntos antes de que salgan a la luz", explica el abogado Francisco Rubio, socio de Xceptio Abogados.

José Miguel Bueno: "la Ley busca que el contrato menor quede en la nada o reducido para cuestiones esporádicas"

Natalia Olmos, abogada de Derecho Público de Pérez-Llorca, destaca "la problemática que ha generado la nueva regulación sobre la adjudicación de contratos menores, y la interpretación que han venido haciendo los distintos órganos consultivos en materia de contratación pública, tanto del Estado como de las distintas comunidades autónomas".

Por su parte, el jurista José Miguel Bueno, abogado del Estado, explica que la Ley "busca que el contrato menor quede en la nada o reducido para cuestiones esporádicas". De este modo, desaparece la posibilidad del procedimiento negociado sin publicidad, vital en muchos pequeños ayuntamientos. "Lo que se hace para suplir esto es crear el procedimiento simplificado en las cuantías poco importantes", añade José Miguel Bueno sobre esta normativa.

El 80% de los empresarios la ve un fracaso

La mayoría de los empresarios que tienen algún tipo de relación comercial con el Estado asegura que la ley de contratos públicos aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 no está cumpliendo con el objetivo marcado de facilitar las relaciones entre las pymes y la Administración y las empresas públicas fijando un marco legal de plazos de pagos entre las compañías y reduciendo las trabas burocráticas para acceder a este tipo de contratos por parte de las pequeñas empresas. Un fracaso para el 81% de las mismas, que apuntan que "no han notado mejoras en la facilidad de contratación desde la aprobación de la nueva Ley de Contratación Pública", según se refleja en el Informe sobre Morosidad.