Moncloa considera la normativa "fundamental" y casi la única que sacará adelante esta legislatura
La legislatura discurre a trompicones para el Gobierno. Con una mezcla sucesiva de victorias y derrotas que modelan un balance hoy por hoy incierto. El Ejecutivo acaricia la aprobación de los Presupuestos de 2017 en sólo unas semanas y se garantiza su estabilidad, pero no ha podido avanzar en su oferta de grandes reformas -educación, pensiones y financiación autonómica-.
La actividad legislativa del Ejecutivo es prácticamente nula y los esfuerzos están volcados en sacar adelante asuntos muy concretos. Entre ellos, el Gobierno concede la máxima importancia a la nueva Ley de Contratos Públicos, que transpone varias directivas europeas. Para el Gobierno, se trata de una ley fundamental, «prácticamente la única norma relevante que pueda aprobarse esta legislatura», según fuentes de Moncloa.
Por ello, el Ejecutivo está dispuesto a hacer un esfuerzo negociador, que se ha podido visualizar en dos circunstancias. La primera es que envió el borrador de la ley a PSOE y Ciudadanos antes de que fuera aprobada por el Consejo de Ministros. La segunda es que su voluntad de diálogo alcanza incluso a Unidos Podemos, que presentó en el Congreso una enmienda a la totalidad de la ley.
Fuentes de Hacienda confirman que buscan un gran acuerdo y que han mantenido contactos con los grupos y con «muchos grupos y colectivos». El subsecretario del Ministerio de Hacienda, Felipe Martínez, es el responsable de las conversaciones.
El proyecto de ley se tramita ahora en la Comisión de Hacienda, que tiene capacidad legislativa plena. El pasado 2 de marzo se constituyó la ponencia, aunque los trabajos acumulan cierto retraso por la tramitación de los Presupuestos.
El PSOE sostiene, según fuentes del grupo, que al Gobierno le ha faltado audacia para transponer las dos directivas europeas y cree que la ley adolece de medidas sociales para favorecer la contratación y que es necesaria más transparencia. Aun así, aseguran tener «voluntad negociadora».
Desde Unidos Podemos aseguran que acudirán a la llamada de Hacienda, pero apuntan que la negociación se debe realizar en el seno de la ponencia. Advierten, además, de que el Gobierno es consciente de la existencia de mayorías alternativas y destacan la coincidencia de muchas de sus enmiendas parciales con las presentadas por el resto de grupos de la oposición: PSOE, Ciudadanos o PDeCat. Los socialistas apuntan también que el Ejecutivo es consciente de que debe pactar «sea por convicción o por necesidad». En todo caso defienden, tras presentar más de 400 enmiendas, que debe ser una «ley consensuada».
Fuentes del PDeCAT otorga a esta ley la máxima importancia y confirma las conversaciones con el Ejecutivo. «Si conseguimos que se apruebe en junio será un éxito», sostienen, tras las prisas exhibi