Noticia de Contratación

El 8 de marzo, 24 horas antes de entrar en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, una fiebre contratadora aquejó al Estado. El mismo día que estaba convocada la huelga feminista, y con la atención de partidos y medios de comunicación centrada en la protesta, ministerios, gobiernos autonómicos, universidades y otros entes publicaron 456 anuncios de licitación, cuando la media de convocatorias de este tipo y esas administraciones no supera las 40 diarias.

El acelerón multiplicó la actividad contratadora por 10. No parece que se trate de un repentino ataque de keynesianismo: ministros, consejeros autonómicos, rectores, directores generales y otros ejecutivos públicos con presupuesto en las manos aprovecharon al límite la última oportunidad para contratar barato y sin las restricciones que impone la nueva ley. Todas las contratas convocadas hasta ese día se regirán por la anterior legislación, más laxa en derechos laborales, transparencia, morosidad e impacto ecológico.

No es frecuente que salga tan gruesa la versión en papel del 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) como la del pasado día 8 de marzo. Solo el capítulo "Anuncios. Contratación del Sector Público", al final del diario oficial, ocupó 44 páginas, cuando lo habitual es que esa sección no se extienda por más de siete.

Lluvia de licitaciones

Los organismos del Estado publicaron ese día 130 anuncios relativos a licitaciones. La comparación con otras fechas da idea del incremento: un mes antes, el jueves 8 de febrero, los ministerios, las Cortes, el Tribunal Constitucional y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicaron 12 anuncios; diez veces menos. Y el mismo 8 de marzo, pero del 2017, los mismos organismos sumaron solo siete anuncios de licitación.

El incremento es parecido en los gobiernos autonómicos. El mismo 8 de marzo, último día de vida de la vieja ley de contratos públicos, todas las comunidades autónomas excepto Ceuta sumaron 207 licitaciones, contra 20 publicadas el 8 de febrero pasado, y siete el 8 de marzo del 2017.

Aquejadas por la misma urgencia, universidades de todo el país se lanzaron a convocar contratas: 59 el pasado 8 de marzo, contra solo una un mes antes y solo dos un año antes. Otros poderes con capacidad contratadora, como empresas y entes públicos, publicaron ese día 60 anuncios de licitación, contra seis el 8 de febrero, y tres el 8 de marzo del año pasado.

Entre los ministerios más activos destacan Hacienda (14 contratos cuando un mes antes solo publicó dos), Empleo (16 licitaciones contra una el mes anterior) y Fomento (publicó 26 licitaciones contra una media de 6). Entre las comunidades autónomas gana Madrid:  51 anuncios de contratos el 8 de marzo (en febrero publicó cuatro y un año antes, solo uno). Catalunya anunció 16 licitaciones (contra dos un mes antes) y Andalucía, 23 (el 8 de febrero anunció solo una).

En el Ministerio de Fomento atribuyen el aumento a una coincidencia de actividad de los puertos del Estado. En Hacienda y Empleo no hacen comentarios sobre el fenómeno. El secretario general de la Federación de Seguridad Privada del sindicato USO, Basilio Febles, veterano observador de la contratación pública y de la precariedad de los empleados de contratas, cree que "este incremento en la publicación de concursos solo obedece al maligno criterio de seguir aprovechando una ley obsoleta para continuar ahorrándose unos míseros euros". Según las cuentas que hace su central, el 8 de marzo la Plataforma de Contratación del Sector Público anunció 2.500 avisos relativos a licitaciones, cuando habitualmente no supera los 250. La cifra de USO suma, a las ya citadas del Estado, otro aluvión de anuncios de los ayuntamientos.

Contrata millonaria

Entre la riada de contratos convocados hay licitaciones menores -como el "suministro de prensa diaria y publicaciones periódicas en el complejo de la Moncloa"- y otras muchas medianas -como el "servicio de cafeterías, restaurante y máquinas expendedoras del Congreso de los Diputados"-, pero entre ellas desfila también una joya de la corona de contratas de servicios del Estado: el expediente 16/18, dedicado a la custodia de los edificios de los distintos ministerios. Ese servicio de vigilancia se lanzó a concurso el pasado 8 de marzo por valor de 73.096.725 euros. Aunque las ofertas se evaluarán los próximos 25 de abril y 17 de mayo, las condiciones de la contrata se regirán por la ley vieja.

La legislación anterior permitía al Estado y las comunidades contratar más barato y con menos miramientos sobre las condiciones de vida de los empleados de las contratas. La nueva ley -aprobada en las Cortes el 8 de noviembre pasado y con entrada en vigor cuatro meses después- incorpora exigencias europeas en materia de transparencia e igualdad de oportunidades, abriendo la puerta a las pymes, y supone el fin de las contratas 'low cost', pues manda a los órganos de contratación "rechazar las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas".