La nueva normativa tiene por finalidad desarrollar parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público en el ámbito autonómico, en lo que se refiere, entre otras cuestiones, al Registro de Contratos, al Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la estructura organizativa de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía con competencias en materia de contratación.